En un año, Alfredo Castillo, el Comisionado Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, acabó con la clase política y los ciudadanos organizados en autodefensas en Michoacán.

Bueno salió Castillo para enfrentar a quienes a la vista de todos se unieron para defenderse del crimen organizado, primero de La Familia, luego de Los Caballeros Templarios y hasta de Guerreros Unidos,  luego que su gobierno federal los había dejado vulnerados ante los delincuentes, y una parte importante de las autoridades locales estaban coludidas con las agrupaciones mafiosas.

Castillo no ha salido bueno para poner un alto y enfrentarse a quien fue el origen y el detonador no solo de la organización de las autodefensas, sino de la corrupción institucional: Servando Gómez La Tuta. Este criminal, que tenía y tiene azorados a los michoacanos en su guerra con otras organizaciones criminales, y debido al desarrollo de su actividad ilícita con la extorsión y el tráfico, se elevó la inseguridad y la violencia en aquel estado, se incrementó la infiltración del narco en gobiernos y corporaciones policíacas.

Don Alfredo Castillo encuentra a los que están visibles, a alcaldes y ex gobernadores corruptos, a funcionarios infiltrados, a policías deshonestos, y encarcela a quienes él fomentó a la legalidad y les proporcionó armas, a las autodefensas que encabezaron el doctor José Mireles, Hipólito Mora y hasta Luis Antonio Torres El Americano. Acaba pues con todos, y le limpia el camino a la impunidad de La Tuta.

Lo que se ha vivido en Michoacán es tan terrible como lo que ocurre en Guerrero, en Tamaulipas, en Baja California Sur, en el Estado de México, pero en ninguna de estas entidades hay un Comisionado Federal, ni los criminales están plenamente identificados, ni los funcionarios están siendo investigados para llevarlos a proceso.

Alfredo Castillo presume que sin disparos “logró” la deposición de las armas y la entrega de los protagonistas del enfrentamiento en La Ruana que dejó 11 muertos incluido el hijo de Hipólito Mora, cuando todos esos disparos se dieron luego que él mismo autentificó a las autodefensas como policías comunitarias; dar charola, vehículos y legalizar armas y acciones de prevención de la seguridad sin exámenes de control evaluación y confianza, como lo hizo Castillo, es un cóctel que era evidente, terminaría en el caos y generaría mayor inseguridad y violencia.

Pero cuando llegó el enviado de Enrique Peña Nieto no deshizo los escudos que la población se había creado para defenderse, al contrario, los apoyó y los fortaleció. Es tanta su responsabilidad de lo sucedido en La Ruana, como lo es de los protagonistas. La de él, por permisivo, por incompetente.

Como buen miembro de un gobierno priísta, Alfredo Castillo empoderó a los ciudadanos organizados –y algunos infiltrados- para después presionarlos, dividirlo y encarcelarlos, sin tocar al enemigo público número uno de Michoacán: Servando Gómez La Tuta.

Seis alcaldes están en prisión, un ex gobernador, y el hijo de otro ex gobernador también tras las rejas. Todos son acusados de colusión con el crimen organizado. Todos han sido exhibidos, a partir de la llegada de Castillo, en videos y grabaciones telefónicas, todas hechas de manera ilícita, sosteniendo reuniones con La Tuta.

Lo cierto es que a la fecha ninguna de las acciones de Castillo, ni la entrega de los tres líderes autodefensas y más de 50 de sus seguidores, ni el proceso a los ex alcaldes, el ex gobernador y el hijo del ex gobernador, ha llevado tranquilidad y seguridad a Michoacán.

Michoacán es el quinto estado con más ejecuciones en 22 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, con 2 mil 649 muertos. Y todavía el emisario del Presidente se atreve a decir que Michoacán está en paz y que la sangre solo corre en La Ruana a raíz del encono in crescendo de dos grupos rivales: el de Hipólito Mora, y el de Luis Antonio Torres El Americano. Ojalá fuera así de simple, dirían los michoacanos.

Es encomiable desmantelar las instituciones corrompidas por el crimen organizado, es terrible empoderar a los ciudadanos para luego presionarlos, pero lo peor, es que en un año hayan logrado detener a Joaquín Guzmán Loera en Sinaloa, a Vicente Carrillo Fuentes en Coahuila, a Fernando Sánchez Arellano en Tijuana, y a Héctor Beltrán Leyva en Guanajuato, estados todos sin comisionado federal, y que en Michoacán, donde existe un enviado del Presidente, no puedan detener a Servando Gómez La Tuta.

O será que no pueden, porque no quieren.

Adela Navarro Bello

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